Un triunfo histórico obtuvo la defensa privada en la Corte Suprema (Rol N° 34.019-2025), donde se ordenó descontar 294 días de prisión preventiva —casi 10 meses— que M.M.C. cumplió en un proceso donde finalmente fue absuelto.

Los abogados Raúl Barahona Barra y Romina Malvoa Rojas, con domicilio en Rancagua, interpusieron la acción constitucional señalando que “mi representado estuvo privado de libertad en causa RIT 7770-2008 del Juzgado de Garantía de Chillán, desde el 4 de noviembre de 2008 al 24 de agosto de 2009, causa en la cual resultó absuelto”.

La Corte de Apelaciones había negado ese abono argumentando que “no puede aceptarse el abono solicitado por cuanto no se satisface las exigencias contenidas en los artículos 164 del Código Orgánico de Tribunales y 348 del Código Procesal Penal”.

Sin embargo, gracias al trabajo de la defensa, la Corte Suprema corrigió la decisión: “aparece de toda justicia considerar a favor del sentenciado el tiempo anterior de privación de libertad, como lo es, sin duda, el que estuvo sometido a la medida cautelar de prisión preventiva”.

Los abogados sostuvieron que “no existe fundamento legal para hacer una interpretación restrictiva” y que debía aplicarse “el principio pro reo y el principio pro homine”.

El máximo tribunal coincidió, recordando que “si la privación temporal de la libertad resulta injustificada, como en este caso en que el afectado fue absuelto, no puede exigírsele que simplemente se conforme con esa injusticia que derivó de un exceso en el ejercicio del ius puniendi del Estado”.

En consecuencia, la Suprema resolvió que “se revoca la sentencia apelada… y en su lugar se acoge el recurso de amparo interpuesto a favor de M.M.C., por lo que se debe considerar el abono heterogéneo reconocido”.

Con ello, la defensa consiguió que se rebajaran 294 días exactos de condena, lo que significa casi 10 meses menos de cárcel para su representado.